Un grupo de ciudadanos, periodistas, académicos, profesionales de la televisión y organizaciones sociales promueve un Manifiesto en defensa de RTVE para garantizar el "derecho fundamental de los ciudadanos disponer de una oferta audiovisual diversa, gratuita y de calidad y de una información veraz, independiente y plural, que garantice también el acceso universal a la cultura y al entretenimiento, así como a las posibilidades que abre la sociedad de la información y el conocimiento en el nuevo entorno digital".
Una iniciativa para defender un modelo sostenible para la televisión estatal, tanto en su financiación como en su desempeño del servicio público audiovisual. Una reivindicación frente a las decisiones del gobierno del PSOE durante los últimos años en cuanto a financiación y modelo audiovisual con la TDT, las llamadas del PP a reducir el tamaño de RTVE y a privatizar algunas autonómicas, y las demandas de las cadenas privadas para acabar con la publicidad en las públicas y rebajar su competencia.
En los ocho puntos del manifiesto promovido por Francisca Sauquillo, presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios; Enrique Bustamante y Agustín G. Matilla, catedráticos de Audiovisual; sindicatos, asociaciones de usuarios y consejeros de RTVE destaca la defensa del servicio público con los suficientes recursos, un sistema profesional y de rentabilidad social, una financiación suficiente para una oferta de calidad y una participación "activa en el desarrollo de la Sociedad de la Información" con nuevos servicios interactivos, móviles y multiplataforma.
Interesante, pero no suficiente.
Coincido con muchos puntos de la crítica a la financiación de RTVE, la creación de un modelo insostenible de televisión y la falta de visión de la Ley Audiovisual en la era de la convergencia.
Pero el manifiesto debería ser también crítico con la televisión pública, avanzar más en la definición de un nuevo servicio público de acceso y contenidos digitales, la integración de televisión estatal y autonómica, y ahondar en un modelo de financiación que no puede estar desconectado de las subvenciones a los contenidos y producción audiovisual ni del resto de contenidos digitales.
Gran parte de las polémicas de la ley Sinde, el canon digital, la neutralidad de la red y del plan de contenidos digitales anunciado, podrían evitarse con claridad en la definición del futuro del servicio público.
Repensar el servicio público en la sociedad de la información no es seguir centrados en la televisión sino en el acceso de los ciudadanos a los contenidos. Es promover un modelo de acceso de los ciudadanos a los contenidos, la cultura, la ciencia y la información de servicio público. Un procomún para la sociedad de la información. Los ciudadanos ya no distinguen entre pantallas, cuando todo es digital y el modelo de financiación pública de los contenidos está disperso entre varios ministerios, organismos y administraciones, es hora de hacerlo más eficiente.
La eficiencia del acceso a los contenidos pasa por garantizar el acceso a las plataformas digitales con:
Un servicio universal de banda ancha gratuito para los contenidos y servicios públicos incluido dentro de las obligaciones del servicio universal de telecomunicaciones: educación, salud, administración electrónica y contenidos públicos.
Acceso a los contenidos de dominio público: culturales, científicos, archivo, etc.
A los contenidos educativos, culturales y científicos financiados con dinero público: licencias de uso y cita más amplias y modelos de consumo más abiertos y participativos, sin las restricciones actuales de derechos, para su uso no comercial.
Un plan de contenidos y servicios públicos para la convergencia que reduzca la dispersión actual y aumente su visibilidad con la creación de una plataforma pública: un Google de los contenidos y servicios públicos.
Coordinación y colaboración entre la oferta estatal y autonómica para optimizar los recursos públicos, aumentar la integración cultural, y mejorar la información y el conocimiento de las culturas y lenguas del Estado.
La televisión no es suficiente. Su tiempo ha pasado y en la era de la convergencia multimedia y multiplataforma el desafío es llegar a una sociedad del conocimiento y no quedarse en la del entretenimiento.
Un nuevo modelo de financiación, rentabilización social y acceso a los contenidos públicos y sociales que ayude a acabar con la sensación de dispendio de recursos públicos, muchas veces repetidos y redundantes entre administraciones, otras asignados sin transparencia y sin que los ciudadanos tengan conciencia de su uso o no puedan disfrutarlos.
En el debate sobre el servicio público seguir empeñados en la disputa entre televisión pública y privada es estéril. Los medios privados tienen hoy oferta de sobra en entretenimiento y grandes espectáculos sin que los públicos tengan que garantizarla. Aumentar y garantizar la competencia, sin volver a una concentración abusiva como está volviendo a ocurrir, con el respeto a los derechos fundamentales de los usuarios, es suficiente.
El servicio público debe ser valioso y concentrarse en la oferta informativa, cultural, científica, infantil y social no cubierta adecuadamente por los medios privados, pero además ser el vehículo de acceso para los contenidos y servicios pagados por los ciudadanos. Además de liderar o impulsar la innovación en contenidos y formatos.
El servicio público aún tiene sentido, pero debe evolucionar y atender a las nuevas demandas sociales y de la convergencia. Sin miedos, pero con responsabilidad, probidad y visión de futuro.
