Una descomunal desconfianza política, económica y democrática. Es lo que anima el consenso de los dos grandes partidos –PSOE y PP- para reformar con urgencia la Constitución e imponer un tope al déficit público. En la génesis de este pacto que hurta a los ciudadanos la discusión y el voto en referéndum sobre una decisión estructural tan importante anida la desconfianza política en el compromiso y la responsabilidad de los gobernantes, desconfianza en la capacidad económica del país y para convencer a los mercados, y desconfianza en la madurez democrática de la población. Desconfianza también en convencer a la rica Europa –Alemania y Francia- del compromiso español para superar la crisis sin hundir la economía del euro.
Sufrimos tres años de crisis económica, pero también un enorme déficit de confianza en una política que no funciona y que ha sido incapaz de afrontar los problemas económicos y sociales. Con políticos que han gastado a manos llenas en tantos años de fondos europeos y de burbuja, empresas más ocupadas en el corto plazo que en la innovación y la sostenibilidad, y ciudadanos poco exigentes en el control democrático.
Una crisis del consenso político y social básico cuando aparece la necesidad de una nueva era de austeridad. Un nuevo contrato social, político y económico que requiere debate, visión, compromiso y responsabilidad. Difíciles de conseguir con un procedimiento de urgencia y sin amplia participación ciudadana tras tantos años de fundamentalismo constitucional que han frenado otras reformas como las propuestas en su tiempo por el propio Zapatero. Ese es el reclamo fundamental de los indignados o de quienes ya se han unido contra la nueva propuesta del gobierno en #yoquierovotar.
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