La guerra de la prensa contra la economía del enlace

Los diarios irlandeses avanzan en la batalla contra la economía del enlace con su pretensión de cobrar por enlazar sus contenidos. Un paso más en la lucha de la prensa por rentabilizar sus contenidos en internet. Los editores españoles intentan crear una SGAE para la información mientras Francia, Alemania o Brasil luchan por implantar una tasa Google para cobrar a buscadores y agregadores. En Bélgica hay acuerdo entre prensa y Google para que todo siga igual. Suena la alarma contra el derecho al enlace, la base de la web, como ha explicado su fundador Tim Berners-Lee. El problema es quién es el propietario de la información. Cómo se rentabiliza la obra periodística cuando sólo lo que se enlaza y comparte tiene auténtico valor informativo, democrático, social y económico. Es el impacto de la economía del enlace y del poder del usuario -de la demanda- en el mercado digital. Una economía y un negocio opuesto al control del acceso y de la publicación propia de los medios tradicionales. Una batalla en la que pierden los usuarios y la sociedad de la información.

A la denuncia de intentar destruir la naturaleza de la web por cobrar el enlace a sus contenidos (desde 300 euros en adelante), los diarios agrupados en National Newspapers of Ireland (NNI) responden que sólo reclaman remuneración por la utilización comercial de los enlaces. "Los miembros de NNI nunca se han opuesto a que el contenido de los diarios sea utilizado por otros para el uso personal", señalan. Los periódicos irlandeses "aceptan que el enlace para uso personal es parte de la comunicación online de los inviduos y no tenemos objeción".

La prensa da un paso más en la guerra de la propiedad del copyright e intenta no sólo cobrar por la copia o la cita, sino por el enlace a sus contenidos -la práctica conocida como deep linking: enlace directo. Un privilegio todavía no permitido en la legislación irlandesa ni en la europea. Incluido ya en las condiciones legales de algunos medios, pero no en las licencias de Newspaper Licensing Ireland Limited, la sociedad de gestión de derechos de los editores, similar a la que se quiere implantar en España.

En una reciente consulta legislativa para reformar la propiedad intelectual (pdf), la prensa irlandesa intentó abortar la práctica del uso justo (fair use) del copyright norteamericano que ampara el derecho de enlace. En España los editores reclaman una compensación por copia privada como la de la música, la televisión o el cine.

Los diarios irlandeses rechazan la neutralidad de los enlaces y se aferran a una sentencia británica que reconoce la propiedad de los contenidos periodísticos y a los titulares y sumarios de las noticias (los snippets de Google, por ejemplo) como obras con derechos de autor.

Muchos periodistas creen que los editores perdieron la batalla contra los buscadores y agregadores cuando dejaron enlazar sus contenidos y permitieron la aparición de sumarios. Esos resúmenes ofrecen cada vez más información al incorporar fotos, vídeos, microdatos, música, datos útiles, etc. Ya no sólo los utiliza Google, son habituales en las principales redes sociales como Facebook, Linkedin o Twitter, donde los editores pueden elegir cómo publicarlos.

Los medios se debaten entre la necesidad de ganar audiencia y relevancia con la optimización en buscadores (SEO) y el marketing viral en las redes sociales frente a la presión de hacer rentables los contenidos cuando una gran parte de los usuarios no pasan de esos títulos o extractos para llegar a la fuente de la información.

Es la maldición de la pirámide invertida: cuando lo más relevante de las noticias está en el título y en el primer párrafo, para muchos es suficiente en la era de la abundancia. El estilo que los periodistas crearon para hacer más comprensible y rápido el acceso a la información se vuelve en su contra en la era digital.

La lucha de la prensa contra el enlace y la cita amenaza el propio derecho a la información y a su titular: las personas. La posibilidad real de publicar, enlazar, compartir, comentar, editar, recomendar o republicar contenidos conseguido con internet es el triunfo de la democratización de la información nacido con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y reconocido desde entonces por casi todas las legislaciones democráticas, como en el artículo 20 de la Constitución Española (1978).

El periodismo hace su negocio con una riqueza que no le pertenece: la información es del público y sólo el interés público legitima el ejercicio periodístico. Es un servicio que aporta valor añadido e inteligencia al relato de la realidad más que una creación. En eso se parece a los buscadores, agregadores y redes sociales que ofrecen a los usuarios espacio digital y capacidad de publicar, comentar, compartir, ordenar y distribuir contenidos propios o ajenos.

La Declaración de Derechos Humanos cierra la etapa de la propiedad de la información por los editores, como antes había sido de los reyes y de la Iglesia que permitían licencias para imprimir y publicar. Cuando los periodistas comenzaron a reivindicar con fuerza sus derechos de autor sobre la información les sobrepasó el asalto ciudadano a la información y los contenidos. Desde entonces los editores luchan para mantener el control de la propiedad de la información contra las propias redacciones y contra los derechos humanos.

No es difícil reconocer la propiedad y el derecho a la explotación comercial del artículo, el periódico, la revista o un telediario (obras derivadas de la información, en jerga jurídica) pero es más complejo marcar los límites del derecho de cita, enlace o comentario que hacen real ese derecho a la información.

Editores y periodistas tienen derechos sobre el producto, pero la información es de todos. En ese derecho se ampara la cita, la copia privada, la parodia o la reutilización de partes del contenido como reconoce la legislación europea y española. Los nuevos medios de internet han encontrado cómo aprovechar y ampliar ese derecho a la información. Unos añadiendo valor y funcionalidades para los usuarios, otros sólo copiando y esquilmando los contenidos ajenos.

El problema del negocio del periodismo no está en diseñar complejas barreras para cobrar a los aprovechados, sino en recuperar el valor de la información original y su reconocimiento por ese público que hoy se contenta con el esqueleto más breve de la noticia o con los enlaces y citas de quienes ofrecen más acceso a los contenidos sin aportar criterio, inteligencia o más información.

Artículo en ElDiario.es

Una propuesta para el canon y la ley Sinde

El tiempo para aceptar o rechazar la ley Sinde acaba. Ni los partidos ni los implicados se ponen de acuerdo. En el origen del desacuerdo está la obsesión por no reconocer la inevitabilidad del cambio en el acceso a los contenidos digitales; la necesidad de nuevos modelos de negocio y garantías legales para autores, distribuidores, comercializadores y consumidores; y un nuevo contrato entre todos con nuevos derechos y obligaciones que no invada ni pisotee los derechos y libertades fundamentales.

¿Hay solución? Es posible si una perspectiva comercial y de ampliación de derechos sustituye a la obsesión por imponer restricciones de acceso, consumo y negocio superadas por la tecnología, los hábitos y la oferta alternativa.

Los principios deberían ser garantizar el acceso a los contenidos como un bien público (ampliar el procomún), asegurar la compensación y los ingresos de los creadores por su trabajo, evitar abusos sobre los consumidores y no invadir las libertades.

Junto a ellos, dejar de perseguir el enlace, base de la arquitectura de internet y el acceso e intercambio de información, y desregular la copia para centrarse hacer útiles, accesibles y rentables los contenidos cuando están en la nube, en streaming o en servidores P2P.

Para lograrlo es necesario abordar el problema de las descargas y la distribución no autorizada de contenidos como un problema comercial, sin judicialización ni una estrategia punitiva amenazante e inservible, como se ha demostrado hasta ahora.

Una propuesta de solución para discutir puede pasar por:

• La ampliación de las excepciones (Directiva 2001/29/CE) y límites (LPI) de los derechos de autor para introducir un derecho o licencia de distribución digital que cubra las descargas y el P2P.
  
• La reforma del canon digital o compensación por copia privada para eliminarla y sustituirla por una licencia –solución comercial- o tasa –alternativa pública- sobre la distribución, intercambio y descarga de contenidos digitales.
  No sustituye a las licencias comerciales, pero garantiza el cobro por los contenidos subidos por usuarios y con comercialización irregular.
  
• Reformar las sociedades de gestión colectiva de derechos para hacerlas transparentes e implementar un sistema de reparto de los derechos recaudados por una agencia estatal en el caso de la solución pública o para la coordinación en la recaudación y reparto de las licencias en la alternativa comercial.
  
• Gravar con el canon sobre los contenidos digitales a los distribuidores y comercializadores, tanto servidores de internet (ISP) como proveedores de descargas y webs dedicadas principalmente a la redistribución con ánimo de lucro de esos contenidos en función de sus ingresos y del volumen de contenidos distribuidos.
  
• Sustituir el control de la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual por la supervisión de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el futuro Consejo Audiovisual (CEMA) para ejercer una supervisión efectiva del negocio de los contenidos digitales en cualquiera de sus formatos y proveedores, al estilo de la Ofcom británica, sin distinción de audiovisual, internet, telefonía, etc. como tampoco distingue ya el consumo ni el negocio.
  Un control técnico y comercial de la distribución y comercialización de contenidos digitales con los principios de máxima libertad y mínima intervención -light touch- seguidos hasta ahora por los reguladores de telecomunicaciones e impulsados por la Unión Europea.
  

Para los interesados en ahondar en la discusión y propuestas recomiendo las ideas de William Fisher (explicadas aquí junto a las de Richard Stallman), las propuestas de Bennett Lincoff o las de Neil Netanel, en parte recogidas en la propuesta de licencia voluntaria para las descargas de la Electronic Frontier Foundation.

En Europa destacan la licencia global propuesta por la Alliance Public-Artistes en Francia -basada en un estudio de la Universidad de Nantes-, la idea de licencias colectivas extendidas del Centro para Internet y la Sociedad de la Politécnica de Turín, la contribución creativa francesa alternativa a la ley Hadopi e impulsada por Philippe Aigrain, o la iniciativa de Flattr intentado aprovechar las donaciones y los micropagos.

El objetivo es garantizar el acceso, disponibilidad y rentabilidad de los contenidos digitales en un sistema de distribución descentralizado, social y viral. La demanda por contenidos al instante invalida modelos de negocio anteriores como la explotación con diferencias temporales por ventanas audiovisuales o el sostenimiento de un negocio basado en la venta de copias. Los consumidores quieren los contenidos al instante, en cualquier dispositivo y soporte, y los buscan allá donde los encuentran.

La salvaguarda para la oferta comercial es mejorar la calidad, accesibilidad, funcionalidades y experiencia de usuario, y hacerlo a un precio atractivo y considerado justo por el mercado, tanto por los consumidores finales como por los intermediarios y comercializadores.

Sin persecuciones penales o civiles. Sólo control de quienes negocian con los contenidos para imponer una compensación económica adecuada, igual que se cobra el IVA. Los ciudadanos ampliarán su acceso a los contenidos, aumentará la oferta legal, con calidad y sin engorros de contenidos digitales, y la industria de los contenidos tendrá que abrirse a una transformación obligada e irrefrenable.

El reparto de la recaudación debería hacerse entre las obras protegidas por derechos de autor, y un fondo para la financiación de los contenidos digitales que podría sustituir bastantes de las subvenciones que ahora otorgan gobierno y autonomías. Además de una línea de promoción para las de dominio público.

Seguirá habiendo quien encuentre la forma de burlar al sistema, pero disminuye su atractivo y justificación frente a la oferta legal.

Neutralidad de la red en la Ley de Economía Sostenible

Coalición Canaria ha dado el paso que un grupo de ciudadanos han empezado a reclamar hace unos días: garantizar por ley la neutralidad de la red. Además ha introducido otras dos enmiendas para garantizar el derecho de cita, en la línea de lograr un pacto para el enlace, y para la utilización libre de las obras de dominio público y extender así el uso de los procomunes y las obras que son de todos.

Pasos indispensables para proteger los derechos de los ciudadanos en la sociedad de la información.

El partido isleño ha introducido una enmienda a la Ley de Economía Sostenible para modificar el artículo 38 de la Ley General de Telecomunicaciomes y ampliar los derechos de los consumidores con la garantía de que "el tráfico de datos generado o recibido no sea bloqueado, interferido, discriminado, entorpecido, manipulado, modificado, desviado, priorizado o retrasado, en función del tipo de contenido, del protocolo, la aplicación utilizada, del origen o del destino de la comunicación, ni de cualquiera consideración ajena a la propia voluntad de los intervinientes en la comunicación".

La enmienda recoge las garantías necesarias para defender los derechos de los usuarios y la capacidad de desarrollo de los nuevos medios y servicios digitales. Y no supone una merma para los planes de las operadoras de ofrecer plataformas digitales con servicios premium de acceso a internet de alta velocidad con contenidos vinculados.

Otros grupos parlamentarios están también interesados en analizar las posibilidades para garantizar la neutralidad de la red cuando el debate está abierto en todo el mundo, y especialmente en Europa, donde la Comisión Europea tiene abierta una consulta pública.

La enmienda de Coalición Canaria coincide con varios de los puntos discutidos por el grupo ciudadano formado para la defensa de la neutralidad de la red a través de una iniciativa legislativa popular.

Con estas tres enmiendas de neutralidad, derecho de cita y dominio público, Coalición Canaria sienta las bases para una discusión en el Parlamento sobre los derechos y garantías de la sociedad de la información. En el caso español pasan urgentemente por la reforma de la ley Sinde o ley antidescargas (la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible), enmendada por PP, ICV y ERC para garantizar los derechos individuales; la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, tanto en el artículo 38 como en la definición y alcance del servicio universal, y la Ley de Propiedad Intelectual para adaptarla a los nuevos ecosistemas digitales y su evolución con la banda ancha móvil, las aplicaciones y las nuevas plataformas digitales.

Coalición Canaria. Neutralidad red, cita y dominio público

El Congreso suaviza la patada en el router

Los grupos parlamentarios han aprobado una moción para que sólo los jueces puedan cerrar páginas webs. Una iniciativa del PP apoyada por todos los grupos parlamentarios después de las protestas y la presión de los internautas contra la medida recogida en la ley de economía sostenible.
Habrá que ver cómo se materializa el cambio en la propuesta de ley, que en su última versión requería autorización de la Audiencia Nacional para tomar medidas cautelares. El texto de la moción exige "la garantía de que sólo la autoridad judicial podrá adoptar medidas que supongan la interrupción o restricción del servicio o la retirada de contenidos". Una garantía ya recogida la última propuesta socialista.
Por eso no es de extrañar que todos los grupos se sumen a la moción del PP que cumple con sus promesas a los contrarios a la nueva legislación.
Coincido con las críticas de la diputada Montse Surroca (CiU) cuando se queja de que la moción del PP no aclara nada de una discusión que aún está por abordar en el Congreso. Hasta el PSOE habría prometido que se garantizaría la tutela judicial.
Pero el desafío es eliminar esta disposición de la ley de economía sostenible y abordar un cambio profundo de la legislación de propiedad intelectual, en discusión en estos momentos en la Cámara.
Ante la Subcomisión de Propiedad Intelectual, tanto la SGAE y otras gestoras de derechos, como los editores de libros y la prensa han reclamado un endurecimiento de las restricciones de acceso y uso de los contenidos inviables y dañinas para la cultura y la ciudadanía digital.
PNV, ERC y BNG han reclamado esa redefinición de unos derechos sobrepasados por la tecnología y que deben adecuarse a la realidad del mercado y el consumo de contenidos en la era digital.
Es hora de un nuevo consenso para enlazar y por el derecho de cita, derechos más abiertos y flexibles para el consumo privado y el uso de las obras sin ánimo de lucro.
Es indispensable acabar con el monopolio de las entidades colectivas de gestión de derechos y hacer más transparente su gestión, además de reformar el canon digital y garantizar el derecho a copia privada de los usuarios.
Pero además es imprescindible una defensa más activa del dominio público y el procomún con una gestión más abierta y participativa, que no excluya la explotación comercial pero garantice el acceso de los ciudadanos a la información, la ciencia y la cultura. Y en especial a todas las obras financiadas con dinero público.
Y, por supuesto, garantizar el secreto de las comunicaciones y el sostenimiento de la neutralidad de la Red para que no sufran limitaciones de acceso por intereses comerciales.
Es hora de repensar en el futuro y la sostenibilidad de un sistema obsoleto.

Un pacto para enlazar y por el derecho de cita

Google pide la ampliación del derecho de cita de información y trabajos de actualidad para evitar la persecución de los medios informativos.
Es su respuesta -y la de quienes defendemos una sociedad de la información más abierta y justa- en la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso a las presiones para cobrar por enlazar.
Una ampliación necesaria para acabar con la guerra entre medios, buscadores, agregadores de noticias y servicios de press clipping.

La regla de oro de una nueva ética del enlace debería ser permitir la cita de información cuando amplía los contenidos públicos; reconoce, atribuye y enlaza a la fuente original; y aumenta el valor y el acceso de la información para los ciudadanos: con más contenido, selección o herramientas.

Un pacto para enlazar donde enlazadores y enlazados cumplan los principios del uso justo (en la doctrina del copyright) y el derecho del cita del artículo 33 de la Ley de Propiedad Intelectual.
Los internautas y las empresas de internet se comprometen por este pacto a no hacer abusiva la cita hasta llegar a la copia, además de reconocer y enlazar siempre a la fuente original de los contenidos.
Los propietarios de los derechos reciben el reconocimiento, la reputación y los usuarios provenientes de la economía del enlace sin renunciar ni a su autoría ni a la propiedad de sus contenidos. Renuncian a una remuneración económica garantizada por la ley a cambio de una contraprestación en atención, público e interés para la publicidad.
De esta forma unas compañías pagan a otras con la misma moneda que todas usan en una economía digital donde la selección entre la abundancia es uno de los mejores valores.
Esa ética o código del enlace se aplica por igual a todos los enlaces y sólo excluye aquellos productos que no cumplan el mismo grado de apertura y acceso a los contenidos. Una condición similar a la de las licencias Creative Commons o copyleft que obliga a respetar las mismas garantías y derechos de la obra original en las obras derivadas (reciprocidad).
Quedan excluidos de este pacto y obligados a pagar las licencias o contraprestaciones correspondientes todos aquellos servicios o contenidos que utilicen contenidos en obras no puestas a disposición del público general: por ejemplo el caso de las revistas de prensa para empresas o políticos.
También las nuevas herramientas como las aplicaciones para móviles o dispositivos de uso personal y que trasladan los contenidos de los medios directamente al usuario. Los modelos de negocio basados en la distribución y comercialización de la información y los contenidos a través de plataformas de acceso. Aplicaciones de iPhone, iPad, Android, Blackberry, etc.
En los fundamentos de esta ética y contraprestación del enlace está la consideración de la información como un procomún. Un bien que pertenece a todos y cuya producción es inviable sin la colaboración y el uso de recursos y bienes públicos. En definitiva, el derecho a la información de todos los ciudadanos consagrado por las leyes, la Constitución (artículo 20) y la Declaración de Derechos Humanos (art. 19).

La prensa persigue a los agregadores

Evitar la copia de informaciones periodísticas por agregadores, buscadores, etc. Es la reclamación de Ignacio Benito, director general de Aede (Asociación de Editores de Diarios Españoles), la semana pasada ante la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso.
Los editores de prensa españoles endurecen su persecución de la cita y la copia de información por los nuevos medios digitales.
La intención última es cobrar por enlazar. Un nuevo canon o tasa a internet defendido cada vez con mayor ahínco por muchos medios y empresas de contenidos.
Una expansión del canon digital, que todavía divide al sector y tiene la oposición de la industria de internet y las telecomunicaciones.
La persecución de buscadores y agregadores es una constante de la pelea entre prensa e internet. Los editores españoles siempre han sido cautos y no han llegado a la belicosidad y enfrentamiento de sus colegas europeos. Pero la crisis aprieta. Los editores han firmado la Declaración de Hamburgo que reclama más protección y un acceso universal no gratuito a los contenidos informativos.
Los editores defienden un sistema de licencias para garantizar el acceso a sus contenidos con permiso y con la posibilidad de cobrar por los enlaces y citas a las webs y servicios de internet comerciales.

¿Es posible cobrar por enlazar noticias?
Los creadores de contenidos e información tienen derechos. Pero los agregadores, buscadores y, por supuesto, los usuarios y creadores de blogs y otros medios de internet, también.
La Ley de Propiedad Intelectual garantiza la reproducción y cita de los trabajos y artículos de actualidad (art. 33). Pero acota su uso al "derecho del autor a percibir la remuneración acordada o, en defecto de acuerdo, la que se estime equitativa".
En ese derecho aparece la primera discusión, porque los periodistas reclaman sus derechos de autor a los editores y los expertos siguen enredados en determinar cómo repartir la propiedad intelectual del periodismo entre los titulares de la obra colectiva -los editores- y los derechos individuales de los periodistas.
Pero la ley reconoce también la propiedad intelectual de las colecciones y bases de datos, como ocurre por ejemplo con la Biblioteca Digital Hispánica, cuyos libros son de dominio público, pero no la propia biblioteca.
La ley reconoce los derechos de los propietarios de los contenidos y también de quienes los seleccionan, ordenan y ofrecen al público en una base de datos. Buscadores y agregadores entran en esa categoría.

Demasiados derechos sobre la información. La expansión irrefrenable de los derechos de propiedad intelectual y las limitaciones a su uso justo llevan al exceso.
Tanto que un miembro de la Cámara de los Lores británico, Lord Lucas, ha propuesto acabar con semejante sinsentido reconociendo el derecho de los buscadores a copiar todos los contenidos que indexen.
La lógica es clara: si los contenidos están en el espacio público de internet, quienes enlazan tienen derecho a copiar el contenido para que no desaparezca el servicio que ofrecen al público.
Todos los contenidos en la caché de Google, hablando en plata.
Es la aplicación a los contenidos de la accesibilidad de todo lo que reside y existe en el espacio público. Y eso es lo que es internet, como incluso reconocen algunos partidos políticos como el PP.
Y una forma de frenar la censura económica que se está abriendo paso en todo el mundo.

Estrechar el espacio público. El problema de esta batalla es el estrechamiento del espacio público y la restricción del acceso a la información por los ciudadanos. Justo después de unos años en los que los medios han ido perdiendo el control de la información, la desintermediación entre fuentes y público se ha expandido como nunca y ha crecido la audiencia de las noticias. A pesar de que esa expansión no garantice el negocio del periodismo.
Mejor reconstruir un consenso que la persecución y la rebaja de los derechos de todos.
Es imprescindible una reformulación del derecho de cita y uso de la información de calidad sin poner en peligro el acceso del público a la información. Pero también establecer un consenso con buscadores, agregadores y webs en general que permitan el uso justo de la información.
Quien no debe perder son los ciudadanos ni la función social del periodismo.

Defensa del enlace

Cobrar por ver. Es lo más parecido a la intención de limitar el hipertexto y privatizar con copyright los enlaces. Cobrar por enlazar es achicar el acceso a la información y privatizar el dominio público ampliado gracias a internet. La lucha de los medios y la industria de los contenidos contra buscadores, agregadores y redes sociales erosiona la libertad de expresión y los derechos ciudadanos. Cuando crece la demanda por el gobierno abierto y el acceso a la información pública, la industria, golpeada por la crisis y apremiada por los desafíos digitales, amenaza el interés público.

El proyecto de ley de economía sostenible permite bloquear enlaces alegando daño patrimonial. Los editores españoles se unen a los grandes grupos de medios contra el acceso a sus contenidos sin permiso –instaurar una licencia económica-, como ya hizo la agencia Associated Press en 2008. El magnate Rupert Murdoch bloquea al agregador británico NewsNow los enlaces a The Times. Francia propone una tasa Google y surgen voces a favor de un impuesto a los enlaces comerciales imitando la tasa Tobin a las transacciones financieras.

El objetivo es cobrar por los enlaces. Es el resultado de la negativa de las empresas de internet a compartir sus beneficios, los problemas del negocio digital y la evidencia de que muchos usuarios se conforman con la cita y nunca llegan a la fuente de la información.

Pero internet no es un medio. Es un espacio público donde los ciudadanos viven, se comunican, informan y comparten. La privatización perjudica a la sociedad. Cualquiera tiene derecho a cobrar por su producto o a reservarlo para sus clientes, pero nadie debería poder limitar el acceso al espacio público. Si no quieren estar, pueden retirar sus contenidos con una simple operación técnica. No lo hacen por la pérdida de visibilidad, audiencia y reputación lograda en buscadores, agregadores y por las citas en las redes sociales.

El enlace no es el contenido. Es el primero de los mitos denunciados ya en 1997 por Tim Berners-Lee, creador de la web. La ley española de propiedad intelectual garantiza la cita y el uso de información de actualidad, como la legislación internacional, pero permite reservar derechos o cobrar. Hacerlo sería un paso atrás en la ampliación de la esfera pública y el derecho a la información, propiedad de los ciudadanos, no de los medios. La disputa económica por el negocio no puede atentar contra el interés público ni expandir el modelo de pago para privatizar lo que es de todos. Los medios deberían preocuparse más de por qué tantos usuarios se conforman con una cita y no olvidar que sus contenidos son también resultado del espacio público.

Columna en Público

Contra lectores surfistas (y el negocio que escapa)

"El lector de periódicos es fiel a la ideología del mismo, mientras que el que lee periódicos por Internet es como si hiciera surf, va a de página web en página web, comparando artículos". Palabra de Juan Luis Cebrián.
Un daño irreparable. Fin del control de los medios. Las consecuencias son terribles, especialmente cuando para los diarios que sufren una terrible falta de independencia por sus intereses empresariales.
Pero en esa velocidad de escape (Mark Dery) del poder y la influencia de los medios se va gran parte del negocio.
Y ahí confluyen todos los problemas. Los de los editores y magnates del contenido, pero también los de los periodistas y quienes buscan nuevo modelos de negocio para la información.
Atar a los surfistas o evitar las olas con diques -de pago y otras restricciones- no es el mejor método.
Casi la mitad de los internautas se conforman con buscadores, agregadores y redes sociales y no llegan nunca al medio de origen, según un reciente estudio.
No es de extrañar. Somos hiperlectores. Leemos tanto, a todas horas, con tal prisa, que muchas veces obviamos la profundidad y nos conformamos con la cultura del hojeo. Deprisa, deprisa, hasta distraernos hasta el agotamiento del que nos alerta Maggie Jackson.
Pero con tanto excedente cognitivo liberamos energía para el flujo social, la comunicación, la participación y los contenidos compartidos. Esa es la piedra filosofal por donde comenzar a reinventar el negocio de la información, obligado a sostener sus valores tradicionales pero ha cambiar las organizaciones y la comercialización.
Lo que no vale es achicar o privatizar el espacio público, como pretenden algunos, cobrando por enlazar para atrapar a los surfistas. Porque así se ahoga esa democracia que tanto defienden Cebrián y el resto de periodistas y editores. Sin servicio público y democracia no hay periodismo.
Otra cosa es cobrar por sus productos. Todos tenemos derecho a vivir de nuestro trabajo. Vale la pena analizar las vueltas que medios como The New York Times le están dando a su modelo de pago para no acabar con los sufistas ni con las muchas personas que llegan y valoran sus contenidos por un tuiteo, una recomendación en una red social o las ventajas de buscar en Google.

Censura económica

El Ministerio de Cultura cerrará webs con enlaces bajo propiedad intelectual con autorización urgente de la Audiencia Nacional. En cuatro días se decidirá su bloqueo. Después, el proceso judicial. Es el resumen de las normas para proteger a la industria del entretenimiento. El Gobierno vuelve a privilegiar derechos económicos frente a libertades individuales. Ya ocurrió con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y la implantación del canon digital. La Ley de la Sociedad de la Información garantiza los derechos de autor, pero la renuencia de los jueces a ver delito en las descargas impulsa al Ejecutivo a buscar atajos, elevar a fundamental un derecho patrimonial y dotar a la industria de una vía privilegiada, reservada hasta ahora para proteger derechos fundamentales. Se podrán cerrar páginas con ánimo de lucro o cuando los denunciantes aleguen "daño patrimonial". Se abre la puerta a blindar los enlaces y los contenidos: más negocios exclusivos, bloqueo de la economía y la cultura del enlace, y menos acceso para los ciudadanos.

La protesta internauta sólo ha servido para perfeccionar las herramientas de la Ley de Economía Sostenible y dotar a la Comisión de Propiedad Intelectual de un procedimiento abusivo y desigual. La solución, si el Parlamento o el Constitucional no lo remedian, puede conducir a una censura económica de internet. Vuelven a perder los ciudadanos frente a los poderes económicos.

El Gobierno cede ante la industria y sacrifica la sostenibilidad de una economía digital basada en el enlace y el intercambio. Por el camino quedan las manipulaciones de un negocio agotado que ve perder valor a los contenidos masificados y la copia mientras aumenta en la música en directo, las ediciones y formatos especiales, las nuevas vías de acceso (VOD, streaming, etc.) o el 3D.

Se pierde otra ocasión para una revisar la propiedad intelectual en la era digital: garantías y alternativas para los autores, y mayor acceso y libertad para los consumidores. Sobre todo cuando España estrena presidencia europea con este debate abierto y cuando la Ley de Economía Sostenible pregona un "nuevo patrón de crecimiento". Una ciudadanía digital con más protección de la cultura común y del dominio público, desarrollo de los derechos abiertos y copyleft, simplificación de la gestión de los derechos y avance en la digitalización y acceso a los contenidos públicos. El reduccionismo del mal llamado gratis total nos castiga a todos. Uno se pregunta si los políticos no tienen ideas sobre las nuevas necesidades y derechos, están dominados por el poder económico o simplemente viven alejados de la realidad. Sólo así se entiende una ceguera sobre el futuro superable con innovación y nuevos consensos para aumentar los derechos de todos.

Columna en Público

Vivir en el enlace

Gordon Bell graba cada momento de su vida, su actividad en internet, sus documentos y las personas con las que se relaciona. Aumentan las restricciones impuestas a las estrellas del deporte en el uso de redes sociales. Un profesor es despedido en Euskadi por utilizar un blog como eje de sus clases. El diario The Washington Post reclama a sus periodistas respeto a los criterios profesionales en su identidad digital y contención para no amenazar la objetividad del diario. Los usuarios de las nuevas tecnologías crean una vida aumentada, narrada en directo y distribuida para relacionarse con otros. Los principios, valores e instituciones tradicionales se queman como papel fotográfico sobreexpuesto.

La identidad se convierte en un objeto de dominio público, un segundo ser diseñado para mejorar el real. La privacidad compartida permite difundir ese ser perfeccionado a los demás con las nuevas herramientas sociales. La cultura doma a la naturaleza en la personalidad y la ilustrada noción kantiana del deber se pliega al placer. El primer mandamiento es disfrutar de uno mismo y compartirlo.

La transparencia es el nuevo dogma. Pero el mundo y la sociedad siguen fundados sobre reglas y jerarquías donde sólo unos pocos tienen acceso a la información de los demás. El registro y la publicación de los datos de la vida en red crea una democratización de la información peligrosa para algunos. Facilita la aparición de un Gran Hermano o de un sinopticón, un sistema donde todos se vigilan. Son los peligros de la memoria extendida de los lifebits de Bell, cuya intención es crear una e-memoria descargable como un archivo de ordenador. Su objetivo es añadir metadatos a la vida para mejorarla, de la salud a lo profesional. Una biografía para la vida como un archivo digital –la propuesta del genetista Craig Venter- para buscar, etiquetar, publicar y utilizar esa información. Como hacen ahora los usuarios y las herramientas de internet con los contenidos digitales.

Muchos usuarios de redes sociales narran su vida y se relacionan con otros a través de contactos, enlaces y documentos compartidos. La cultura del enlace –el hipertexto- es la base de la reputación, sustituye a la objetividad–reclamada por el Post a sus periodistas- y crea nuevas esferas donde la necesidad de coincidir en tiempo y lugar para relacionarse cede ante la asincronía y la globalidad digital. Las herramientas de las redes sociales y los móviles son las nuevas plataformas de la identidad. Nos falta conocer los criterios y las herramientas de la ingeniería de los enlaces para usar los metadatos y evitar las pesadillas totalitarias del ciberpunk.

Columna en el diario Público