Más policía, más policía contra los ciudadanos sospechosos. La SGAE ha conseguido que el gobierno intente convertir a las operadoras de telecomunicaciones y a los servidores de internet en policías de los derechos de autor y propiedad intelectual al modo en el que los entienden las sociedades de gestión de derechos.
Cerrojo a internet por vía administrativa, según el nuevo articulado (artículo 17 bis y alerta del Consejo de Estado) de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).
Las operadoras y entidades como la Asociación de Internautas ya han puesto el grito en el cielo contra una ley que endurece cada vez más la presión sobre el secreto de las comunicaciones, la copia privada o los intercambios legítimos y no comerciales entre personas. Además del injusto canon.
Todos sospechosos. La SGAE no está dispuesta a repensar los derechos de autor y propiedad intelectual, sólo quiere más policía, no más ideas. Un error y un obstáculo para elaborar un nuevo contrato entre los autores y el público en el entorno digital.
Y el gobierno sigue empeñado en dar la razón a los grupos de presión más afines frente al común de los ciudadanos y a una nueva sociedad.
El problema no es desproteger los derechos de autor, sino aumentar los derechos de todos. Pero para algunos es más urgente cobrar hoy que seguir viviendo mañana.
La ley de la Sociedad de la Información puede ir cambiando su nombre a pesar de las garantías consuetudinarias ofrecidas por los responsables gubernamentales.
Los derechos, de la SGAE y de todos, mejor en la letra de la ley.
P21 | Cerrojo a internet sin tutela judicial