El gobierno de Rajoy cumple su promesa y prepara la reforma de la Ley Audiovisual para
permitir la gestión privada en las cadenas autonómicas. Es el principio del desmantelamiento de un sistema ineficiente, caro e insostenible. Pero la fórmula elegida por el ejecutivo pasará la factura de la reestructuración a las arcas públicas y beneficiará a grupos que no han conseguido sus objetivos económicos y de audiencia en la
burbuja de la TDT. Ni cierre ni
redefinición del servicio público audiovisual
en la era digital.
¿A quién beneficia la gestión privada de los canales públicos?