Legislar contra la sociedad de la información

El análisis de las enmiendas y las posiciones de los grupos políticos sobre la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible, la llamada ley Sinde o ley antidescargas, que publiqué esta semana en Nación Red:

¿Sirven para algo las enmiendas de los grupos parlamentarios a la ley Sinde, la Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible que refuerza el control de la propiedad intelectual en internet?

De poco, aunque algo se avanzará en la protección de los derechos individuales si son aprobadas. El problema es que la ley Sinde nace viciada de origen. El gobierno ha puesto en marcha una maquinaria legislativa para perseguir un cambio en los hábitos de consumo de contenidos, especialmente de entretenimiento, provocados por la propia industria y la tecnología. Algo que ninguna ley podrá cambiar.

Pero es una amenaza para derechos fundamentales como la libertad de expresión o el secreto de las comunicaciones. La creación de una Comisión de la Propiedad Intelectual en el Ministerio de Cultura contrasta con la escasa voluntad política para defender y ampliar los derechos de los ciudadanos en la era digital: mayor acceso libre y abierto a contenidos financiados con fondos públicos, a la cultura libre sin derechos comerciales, la ampliación del dominio público o pactos para la recuperación de obras huérfanas y garantías para los consumidores digitales en los nuevos soportes y servicios.

Las enmiendas del PP, IU-ICV y Esquerra Republicana intentan limitar los efectos perversos de la ley antidescargas. Pero sólo los grupos de izquierda piden la supresión de la Disposición Final Segunda y la apertura de una reflexión a fondo sobre la propiedad intelectual en la sociedad de la información. Un debate que se cerró en falso con la aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en 2006 y la aplicación del canon digital.

Un problema de negocio y de valor de los productos de consumo cultural convertido en una censura económica y una amenaza para los derechos de los internautas, en colisión con los derechos económicos y patrimoniales de creadores y comercializadores.

A tal punto ha llegado la industria en la era de la abundancia. Las descargas y el P2P de los que tanto se quejan son la expresión máxima del hiperconsumo. Ante la saturación de la oferta, los precios y el propio valor de los contenidos se reducen. La tensión por el consumo inmediato y la identificación de muchos usuarios con la música o las series de televisión han conducido a la paradoja del enfrentamiento entre la industria y sus mayores clientes, los fans de sus contenidos.

Las enmiendas presentadas por los partidos se centran en la supresión de la ley Sinde (sólo IU-ICV y ERC), el respeto a los derechos constitucionales, la necesidad de autorización judicial efectiva para reclamar datos o sancionar a los infractores, eliminar el confuso ánimo de lucro indirecto contemplado en el proyecto de la LES para evitar una censura económica, una composición plural de la Comisión de la Propiedad Intelectual y continuar garantizando la copia privada.

La supresión parece fuera del acuerdo parlamentario. Todos los partidos están a favor de reforzar la protección de la propiedad intelectual. Amplios sectores de la industria, también. El desafío legislativo es hacerlo sin amenazar otros derechos, especialmente los fundamentales –secreto de las comunicaciones, propiedad privada, protección de datos personal, libertad de expresión-, pero también los de los ciudadanos como consumidores, a menudo sometidos a cláusulas abusivas por la gran industria del consumo. Una tendencia que se agudiza con las restricciones de uso de los nuevos soportes como el streaming, los móviles, los ebooks, el cloud computing y las nuevas plataformas digitales, a menudo con menos derechos que los existentes sobre los viejos soportes analógicos.

Y respetar un nuevo derecho: el acceso a internet. Esencial para el desarrollo de la sociedad de la información. Un derecho de acceso a través de banda ancha –fija y móvil- para el que la ONU ya ha pedido su reconocimiento como derecho civil básico.

Nada de eso está en la Ley de Economía Sostenible a pesar de su nombre y de las proclamas del gobierno sobre el desarrollo de un nuevo modelo productivo. Lo necesario y urgente es repensar la propiedad intelectual en la era digital, acomodar el negocio a la realidad del mercado y la tecnología, y reconstruir la relación de valor del consumo cultural entre creadores y consumidores. Mejorar la experiencia de usuario como ocurre con los conciertos, en lugar de dejar pasar innovaciones como los móviles o el streaming sin apuestas claras de oferta legal.

La crisis es de mercado y no se solucionará con leyes restrictivas. Sólo las enmiendas de supresión de la Disposición Adicional y otras como las de Izquierda Unida y Coalición Canaria para asegurar la neutralidad de la red, garantizar el derecho de cita y los enlaces, y proteger el uso libre y abierto de contenidos de dominio público pueden ayudar a desarrollar la cultura y la innovación digital.

Para conseguir esos objetivos es necesario ser más ambiciosos. Reformar la Ley de Propiedad Intelectual, la de Telecomunicaciones, ampliar los derechos de los ciudadanos digitales y agilizar los procesos y garantías judiciales para autores y consumidores. Reconstruir el tejido legislativo de la sociedad de la información con ventajas para todos, no encerrarse en la hiperprotección de una industria condenada a cambiar. El excesivo proteccionismo frena el progreso sin detener el deterioro de los viejos negocios.