Thursday, December 03, 2009

El poder de un manifiesto

Cuando este mediodía encendía el teléfono de vuelta de un viaje desde Latinoamérica cuatro llamadas perdidas me sorprendieron. Todas me convocaban a una reunión en el Ministerio de Cultura esta mañana para abordar el manifiesto En defensa de los derechos fundamentales en internet.
Ninguno de los que participamos en el debate y discusión de ese manifiesto el día anterior esperábamos una reacción como la de hoy. Ni en la política, ni en los medios.
Pero las cosas están cambiando. El poder de la Red como espacio político y público asciende. Del resultado de la reunión podéis enteraros por las crónicas e impresiones de quienes pudieron asistir: Nacho Escolar, Jesús Encinar, Julio Alonso y otros, además de la propia nota de prensa del Ministerio encabezado por Ángeles González-Sinde.
Esta tarde el propio presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tenido que matizar a su ministra. Y lo ha repetido el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

Internet se empieza a consolidar como espacio público y político. Lo tantas veces repetido comienza a ser verdad. Nadie puede vivir al margen de la Red porque muchos estamos en ella. La velocidad de organización, comunicación y su impacto, además de la facilidad para poner a gente de acuerdo -como en las listas de correo y el Wave que sirvieron para alimentar, debatir y redactar el manifiesto-, es cada vez mayor.

Los ciudadanos están en internet. Con una penetración del 60% de la población es un espacio público que no se puede obviar.

Lo real y lo digital convergen. La realidad está, se discute y se comparte en internet. Cada vez más personas, grupos, temas o intereses se citan en el mayor espacio de participación continua disponible. Y la vida real ya está en la Red. Cada día más.

Internet madura. Internautas somos todos. O casi. Pero al menos sí lo son las capas y sectores más activos de la sociedad. La cultura digital y sus hábitos ya deja huella tanto en los nativos como en los inmigrantes digitales. Y representa a grupos y personas que también tienen relevancia fuera de la Red, a los que no se puede marginar. Entre los creadores y firmantes del manifiesto hay empresarios, profesores, columnistas, periodistas, profesionales, etc. que a la vez son internautas, blogueros y participan en listas, redes sociales, etc.

Enorme poder de movilización y viralidad. 1,4 millones de resultados en Google a esta hora con el título del manifiesto. Está por todas partes y su distribución viral ha sido enorme. La diversidad de sus impulsores ha multiplicado su viralidad.

Los políticos, atentos. No pueden vivir al margen. Se acabó. Internet ya no es sólo un espacio para la propaganda. La política en internet pide espacio y las políticas de internet son importantes para muchos ciudadanos, sectores económicos y sociales.

La red también tiene poder. No sólo los lobbies, el poder político y económico son capaces de condicionar a los gobiernos y a la democracia. Los ciudadanos tienen a su alcance una herramienta fenomenal. Y no es neutra. Más allá de diferencias ideológicas, la costumbre de la cultura participativa y libre de internet ha ido generando un sustrato de percepción de derechos, libertades y, sobre todo, una visión sobre ciertos asuntos públicos que, cuando se pone en marcha con eficacia, ejerce un poder democrático.
El problema es cuando es manipulado por unos pocos, los intereses particulares o el marketing. En el caso del manifiesto, la insistencia y el debate de tantos años sobre los negocios, las libertades y las nuevas necesidades de una revolución social, cultural, política y económica emanan principios y criterios a los que muchos se pueden adherir, un nuevo consenso social sobre ciertos temas.

La nueva economía planta cara a la tradicional. La obsolescencia de algunos modelos económicos y de negocio, unidos a la crisis, han aumentado el esfuerzo de muchos grupos de presión y su poder de convicción sobre los perjudicados. Pero la economía digital y de las nuevas tecnologías ya es una parte muy importante del PIB y la economía real. En medida y en los efectos que produce sobre productos, marcas, estrategias, etc.

La clave es participar. Las asociaciones digitales, las redes sociales, las multitudes inteligentes, suelen considerarse coaliciones frágiles. Grupos de personas que se asocian para defender intereses concretos y a menudo individuales y sectoriales, sin vinculación directa con el clásico bien común. Pero la ciudadanía 3.0 comienza a desarrollar nuevas morfologías y a establecer algunas ideas, principios, libertades y derechos defendidos una y otra vez.
El gran desafío, sobre todo para un país como España, es crear una sociedad civil digital. Para superar un déficit democrático histórico.

Y permiso para un par de reflexiones políticas. Diferentes fuentes han comentado esta tarde su disgusto por un problema que podía haberse evitado. Mis informaciones coinciden bastante con las ya publicadas por Nacho Escolar.
Pero no es la primera vez que ocurre.
Hace un par de semanas en Ficod el gobierno presentaba la ampliación del servicio universal a banda ancha de un mega como estandarte de la apuesta por las nuevas tecnologías para la próxima presidencia europea. La ministra de Cultura vendía entonces la renuncia de España al modelo europeo de vigilancia de internet con capacidad para desconectar a usuarios.
Era la cara amable de una medida largamente anunciada.
La estrategia de inclusión de la nueva normativa en la ley de economía sostenible y su redacción ha sido un error.
La coordinación política y la estrategia de comunicación, un desastre.
Un problema repetido con todo lo que afecta a las nuevas tecnologías en España con la sempiterna diferencia entre los criterios de Industria y los de Cultura, el peso del sector audiovisual en la política y la querencia de sectores políticos por el glamour de la cultura y los medios.
Más le valdría al gobierno aprender de los errores y al PP, que se ha apuntado rápidamente a esta batalla, no caer en la permanente hipocresía de defender contra el PSOE lo que no defiende en Europa ni en otras instituciones donde se decide sobre estos ámbitos.